En el México moderno y contemporáneo, las mujeres —o la mitad de la población rural— han sido históricamente excluidas del control sobre la tierra agrícola. Esta exclusión también es patente para los jóvenes (quince-29 años) quienes desde 1992, año en que finalizó el largo reparto agrario (1915-1992), solo tienen derecho a acceder a la tenencia de la tierra ejidal o comunal por la vía de la herencia o el mercado. La dificultad de acceso y tenencia sobre la tierra del ejido o la comunidad agraria —figuras que representan la mitad del territorio nacional— implica además la imposibilidad de participar con voz y voto en las asambleas ejidales y comunales, las cuales son los principales órganos de gobernanza de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) y la exclusión de programas dirigidos al desarrollo agropecuario para el sector campesino.
La falta de derechos agrarios no se corresponde con una ausencia de deberes, por el contrario: mujeres y jóvenes rurales realizan actividades fundamentales para la reproducción de sus hogares y comunidades. En muchas regiones del país marcadas por una intensa e histórica migración masculina, las mujeres son quienes cuidan, no solo a las infancias y adultos mayores, sino también a las tierras y los recursos, en particular el agua.