En la actualidad, Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por usos y costumbres, legalmente conocidos como sistemas normativos indígenas (Singer, 2013: 25-31). Esta forma de gobierno se consolidó tras la reforma de la constitución estatal en la década de 1990. Según datos del INEGI (2019), en 2018 se eligieron autoridades mediante sistemas normativos indígenas en 421 municipios de México, lo que representa el 17.2% del total. De éstos, 406 se ubicaban en Oaxaca, el resto en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur. Sin embargo, el informe “Presentación general de resultados” del INEGI no incluye información sobre los límites territoriales ni sobre cómo las instituciones consideran estos aspectos en planes de mejora o catastro municipal.
Debido a lo anterior, en este texto queremos presentar un “ejercicio” que muestre a grandes rasgos las posibilidades de observar el territorio a través de los procesos de reconstitución territorial de las instancias políticas-administrativas locales en los actuales Valles Centrales de Oaxaca. Hemos considerado tomar una periodización aleatoria que abarca de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras cuatro décadas del siglo XX, con el fin de mostrar que algunos de los procesos y casos que pueden mostrar transiciones entre periodos (véanse Tablas 1 y 2). Podemos adelantar que las reconstituciones territoriales se debieron, en varias casos, al impacto de factores externos, como leyes y decretos sobre erección de municipios, separación de pueblos, la desamortización en el siglo XIX (con base en la ley del 25 de junio de 1856, conocida como la Ley Lerdo) o a través de las restituciones o dotaciones agrarias revolucionarias iniciadas en la segunda década del siglo XX, pero también a procesos internos de fraccionamiento político, territorial y poblacional. Todos estos procesos llevaron a expansiones, contracciones y pérdidas de territorios por parte de los actores sociales, individuales y colectivos.
Partimos de la idea de que el territorio no debe entenderse como las divisiones territoriales establecidas en memorias, legislaciones y documentos oficiales (Ordóñez, 2000: 67–86; Commons, 2000, 2002; Quiñones, 2021: 168, 175-176), las cuales reflejan un ordenamiento político, administrativo, fiscal y militar desde una lógica estatal centralizadora. Esta perspectiva ha predominado en la construcción de lo político, lo ecológico, lo geográfico y del propio territorio (Arrioja y Sánchez, 2016: 181-216). En este sentido, Myrna Quiñones (2021: 177) considera que “Las divisiones territoriales son esquemas jerárquicos impuestos o determinados por la autoridad en turno para la organización y control interno de su jurisdicción. Están definidas mediante un listado de componentes a diferentes escalas”.
En cambio, consideramos el territorio como parte del espacio social, donde se encuentran los recursos naturales y se desarrollan relaciones de poder que abarcan desde la administración y el control de dichos recursos hasta su dimensión simbólica, expresada en referentes geográficos como los topónimos (Martín Gabaldón, 2017: 399-419; Martín Gabaldón, 2022; Gómez, 2017: 421-446). Un elemento clave para comprender los territorios y las territorialidades es reconocer su continuidad a lo largo del tiempo, así como sus fracturas y transformaciones, evitando interpretaciones lineales o inmutables. Los topónimos permiten superponer límites municipales con los de antiguas haciendas, pueblos coloniales o decimonónicos, y ayudan a definir jurisdicciones entendidas como formas de control territorial ejercidas por actores sociales, tanto individuales como colectivos. Sería pertinente reflexionar si este enfoque puede aplicarse también a los procesos de fundación de pueblos, poblados de haciendas y ejidos.
La historiografía construida a partir del análisis del periodo colonial tardío y de las implicaciones de la Constitución de Cádiz de 1812 nos ha permitido reflexionar sobre la conformación de las jurisdicciones de los pueblos mediante la creación de ayuntamientos. Este proceso también revela cómo se concebían los territorios desde una lógica político-administrativa, ya fuera como espacios vividos o conocidos por los actores sociales.
